Durante el 2025, las empresas peruanas realizaron un planeamiento laboral estratégico enfocado en la prevención de contingencias, la adaptación normativa y la eficiencia operativa. Este proceso fue fundamental para enfrentar un entorno regulatorio más exigente, especialmente por las fiscalizaciones de SUNAFIL y los cambios en las condiciones de contratación y beneficios laborales.
Uno de los principales enfoques consistió en revisar y actualizar los contratos de trabajo, asegurando su correcta redacción según el tipo de vínculo y actividad económica. Se priorizó la formalización de relaciones laborales, especialmente en sectores donde aún persistía la informalidad. También se evaluaron los costos laborales proyectados, como aumentos de remuneración mínima, CTS, gratificaciones y aportes previsionales.
Las empresas realizaron un diagnóstico del cumplimiento de obligaciones, desde el registro en planillas electrónicas hasta la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo. Este diagnóstico permitió priorizar mejoras en áreas críticas y capacitar al personal de RR.HH. sobre nuevas exigencias normativas.
Además, se planificaron estrategias para la retención de talento, incluyendo beneficios no remunerativos, flexibilidad laboral y oportunidades de desarrollo. En paralelo, muchas organizaciones desarrollaron protocolos de desconexión digital y refuerzos a la normativa interna para responder a nuevas demandas sociales y laborales.
La planificación también incluyó la revisión de los procedimientos ante inspecciones laborales, así como auditorías internas que permitieron anticipar riesgos y corregir incumplimientos. En conjunto, el planeamiento laboral en 2025 fue una herramienta clave para proteger a la empresa, garantizar derechos laborales y fortalecer la sostenibilidad del negocio.