En el Perú, el sistema pensionario privado, administrado por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), fue objeto de un tratamiento especial durante los años críticos de la pandemia del COVID-19. El Congreso y el Ejecutivo implementaron medidas extraordinarias que permitieron la liberación parcial y total de los fondos acumulados por los trabajadores, con el fin de mitigar los efectos económicos causados por la crisis sanitaria.
Estas disposiciones legales autorizaron hasta seis retiros extraordinarios entre los años 2020 y 2023. Millones de afiliados accedieron a sus fondos previsionales, generando una inyección significativa de liquidez a la economía nacional. Sin embargo, este alivio financiero inmediato tuvo un costo: miles de personas redujeron o agotaron sus fondos de jubilación.
El tratamiento legislativo del sistema pensionario evidenció una tensión entre la necesidad de atender urgencias sociales y la sostenibilidad del modelo previsional. Las autoridades enfrentaron críticas por no implementar reformas estructurales que mejoraran la cobertura, rentabilidad y equidad del sistema, mientras se facilitaba el retiro masivo de los ahorros.
Diversos especialistas advirtieron que la liberación de fondos debilitó el objetivo original del sistema de capitalización individual, afectando a futuro a los trabajadores más vulnerables. A pesar de ello, la demanda social y el contexto político motivaron la continuidad de estas medidas.
En suma, el tratamiento del sistema pensionario y la liberación del AFP reflejaron un enfoque de emergencia, con impactos económicos, sociales y previsionales que marcaron una etapa clave en la historia del sistema de pensiones peruano.