Se abordó cómo se realizaron las transferencias de bienes inmuebles del Estado en el Perú, sus procedimientos legales, entidades involucradas y los desafíos comunes.
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Ultima actualización
Sun, 01-Jun-2025
En el contexto peruano, la transferencia de bienes inmuebles del Estado fue un proceso regulado que permitió el cambio de titularidad o asignación de bienes públicos entre entidades estatales, o hacia terceros autorizados, ya sea a título gratuito o oneroso. Esta acción se enmarcó en el marco normativo establecido por la Ley Nº 29151 y su reglamento, así como en disposiciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Las transferencias se realizaron bajo criterios de interés público, desarrollo social, infraestructura, inversión privada o regularización de posesiones. Entidades como municipios, gobiernos regionales y ministerios solicitaron inmuebles para ejecutar proyectos de vivienda, salud, educación o infraestructura, mientras que en otros casos se transfirieron terrenos a asociaciones legalmente constituidas o empresas, siempre que cumplieran con los requisitos legales.
El procedimiento incluyó la inscripción registral, la elaboración de informes técnicos y legales, la verificación física del inmueble y, en algunos casos, la emisión de resoluciones por parte de la SBN. También se exigió que los bienes no estén en uso, ni comprometidos legalmente.
Sin embargo, surgieron problemas como la informalidad en la ocupación de predios estatales, la falta de saneamiento físico-legal, demoras administrativas, y conflictos entre entidades por la titularidad o el uso indebido de los bienes. Estas situaciones obligaron a fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y transparencia.
Gracias al proceso de transferencia legal, muchos proyectos sociales y de infraestructura avanzaron con mayor seguridad jurídica, beneficiando a miles de ciudadanos y optimizando el uso de recursos del Estado.
