En el contexto tributario peruano, las operaciones no reales en el IGV fueron transacciones simuladas o inexistentes que se utilizaron para inflar gastos o créditos fiscales de manera indebida. Estas prácticas se identificaron como un mecanismo común para evadir impuestos y manipular el Impuesto General a las Ventas (IGV), afectando directamente la recaudación fiscal del Estado.
Durante años anteriores, la SUNAT detectó múltiples casos donde empresas emitieron comprobantes de pago sin sustento real. Estos documentos fueron utilizados para justificar compras o servicios que nunca se efectuaron, permitiendo que el contribuyente se acreditara un IGV que no correspondía. Esta situación derivó en sanciones administrativas y en algunos casos, procesos penales por delitos tributarios.
El marco normativo vigente ya contemplaba sanciones para quienes incurrieron en estas prácticas, sin embargo, la fiscalización se intensificó con el uso de herramientas tecnológicas, como el sistema de emisión electrónica y el cruce de información con proveedores y clientes. Se evaluó también el comportamiento tributario histórico de los contribuyentes para detectar irregularidades.
La lucha contra las operaciones no reales se convirtió en una prioridad para la administración tributaria, debido a su impacto negativo en la equidad fiscal y la competencia desleal. La SUNAT promovió campañas educativas y fortaleció su capacidad de control para reducir esta práctica.