Durante los últimos años, la legislación laboral peruana experimentó importantes modificaciones orientadas a mejorar las condiciones laborales, garantizar derechos y promover una mayor formalización del empleo. Estas novedades respondieron a cambios sociales, económicos y a compromisos internacionales asumidos por el Perú.
Uno de los cambios más relevantes fue la actualización de normas relacionadas con la tercerización laboral, limitando su uso en actividades nucleares del negocio. También se fortalecieron las disposiciones sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres, así como los derechos laborales en el contexto del trabajo remoto, modalidad que creció exponencialmente tras la pandemia.
La legislación también incluyó mayores exigencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en la prevención de riesgos psicosociales. A nivel contractual, se modificaron aspectos del régimen de contratación temporal, buscando evitar su uso abusivo.
Por parte de la SUNAFIL, se incrementaron las inspecciones laborales y se modernizó el sistema de denuncias para proteger a los trabajadores. La normativa promovió mecanismos de conciliación y mediación para la solución de conflictos laborales, evitando así una sobrecarga en el Poder Judicial.
Estas reformas fueron resultado de un diálogo entre el Estado, empleadores y trabajadores, reflejando una búsqueda por equilibrar la protección del empleo con las necesidades del mercado. No obstante, también generaron debates sobre su aplicabilidad y sostenibilidad en sectores altamente informales.