Este segmento exploró cómo diversos usuarios del sistema administrativo en el Perú emplearon la figura de la queja como herramienta legítima para cuestionar actos que afectaron su derecho al debido procedimiento. A partir de situaciones reales, se explicó cómo la queja funcionó como un medio de defensa útil en escenarios donde las autoridades incurrieron en demoras, faltas de motivación o decisiones que restringieron la participación de los administrados.
Se ilustraron casos donde los ciudadanos no pudieron ejercer adecuadamente su derecho de defensa durante fiscalizaciones, o cuando no se les permitió presentar documentos ni argumentos en los plazos establecidos. Ante estos escenarios, formularon quejas administrativas dirigidas a la entidad superior jerárquica o al mismo órgano que dictó la medida, invocando el principio de legalidad y el respeto al procedimiento.
Uno de los enfoques principales fue distinguir la queja de otros medios impugnatorios, mostrando que no se requería agotar previamente un recurso ni esperar una resolución definitiva. También se abordó cómo estructurar una queja efectiva: claridad en los hechos, sustento normativo y solicitud concreta.
Finalmente, se enfatizó el impacto positivo que tuvo esta herramienta en el fortalecimiento del Estado de derecho: varias quejas fueron declaradas fundadas y originaron la nulidad de actuaciones previas o la reprogramación de audiencias. Así, se mostró que la queja no fue solo una formalidad, sino una vía real de protección ciudadana frente a actos administrativos irregulares.