La informalidad empresarial caracterizó gran parte de la economía peruana, afectando múltiples sectores productivos y reduciendo las oportunidades de desarrollo económico. Miles de pequeños comerciantes y emprendedores operaron sin registros legales, evitando impuestos y regulaciones, pero enfrentando dificultades para acceder a financiamiento y protección laboral. Esta situación generó un mercado paralelo que, aunque permitió la supervivencia de muchas familias, restringió la estabilidad de los negocios y la competitividad en el país. Durante años, el gobierno implementó diversas estrategias para combatir esta problemática, incluyendo incentivos para la formalización, programas de financiamiento y capacitaciones empresariales. Sin embargo, la falta de confianza en las instituciones y los altos costos asociados a la formalización desmotivaron a gran parte de los comerciantes. A pesar de los esfuerzos, la informalidad continuó dominando importantes segmentos del comercio, afectando la recaudación fiscal y la calidad de los servicios públicos. Históricamente, muchas empresas comenzaron de manera informal antes de formalizarse, cuando lograron estabilidad financiera. La transición a la legalidad representó un desafío para quienes veían la burocracia como un obstáculo más que un beneficio. El impacto de la informalidad no solo influyó en la economía, sino también en la sociedad, generando condiciones precarias para los trabajadores y reduciendo el acceso a beneficios de seguridad social.