En el pasado, la gestión pública en Perú implicó la planificación, organización, dirección y control de los recursos y procesos del Estado para cumplir con los objetivos de desarrollo y prestación de servicios a la ciudadanía. Esta gestión tuvo como prioridad la eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana.
El control gubernamental fue un componente fundamental que permitió supervisar y fiscalizar el uso adecuado de los fondos públicos y el cumplimiento de las normas vigentes. Dicho control se ejerció a través de organismos como la Contraloría General de la República, que emitió informes y recomendaciones para corregir irregularidades.
Durante este tiempo, la gestión pública incorporó mecanismos modernos como la planificación estratégica, evaluación de resultados, auditorías internas y externas, y sistemas de información que facilitaron la toma de decisiones basadas en evidencia.
El control gubernamental también abarcó la supervisión de contratos, adquisiciones públicas y el cumplimiento de metas institucionales. Se promovió la rendición de cuentas, con el fin de garantizar la transparencia y evitar actos de corrupción.
Las entidades públicas tuvieron la responsabilidad de implementar las recomendaciones de control y adoptar medidas correctivas oportunas. Además, la participación ciudadana y el acceso a la información pública se fortalecieron como herramientas de vigilancia social.
Este proceso permitió mejorar la gestión de los recursos públicos y generar confianza en la ciudadanía, aunque persistieron retos vinculados a la burocracia y la necesidad de fortalecer capacidades técnicas en los servidores públicos.