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Durante el año 2024, el ámbito laboral en el Perú atravesó importantes transformaciones que afectaron tanto a empleadores como a trabajadores. La normativa laboral se actualizó para responder a los cambios en la dinámica económica, tecnológica y social del país. Se implementaron nuevas disposiciones sobre teletrabajo, con regulaciones más estrictas sobre la desconexión digital y el control de horarios. Las empresas estuvieron obligadas a revisar sus políticas internas y a adaptarse a los nuevos requerimientos técnicos y legales.

También se reforzaron las obligaciones en torno a la igualdad de género y la no discriminación salarial, haciendo obligatorio el registro y actualización de políticas de equidad. A su vez, SUNAFIL intensificó la fiscalización en empresas formales e informales, lo que generó un aumento en sanciones por incumplimiento de normas laborales básicas como el pago oportuno de beneficios sociales y la formalización de contratos.

Otro punto destacado fue la evolución del trabajo informal, que siguió representando un reto estructural para el país, pese a los esfuerzos del Estado por fomentar la formalización laboral. Los programas de incentivo al empleo juvenil y a la contratación de personas con discapacidad también fueron reforzados, aunque con resultados mixtos.

En resumen, el 2024 dejó un balance de avances normativos significativos, pero también evidenció la necesidad de una implementación más efectiva y de una cultura laboral basada en el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.

¿Que aprenderé?

  • Los lectores comprendieron los principales cambios laborales del 2024, identificaron nuevas obligaciones legales y evaluaron los retos pendientes en la implementación de dichas normas.

Conocimientos Previos

  • Conocimientos generales sobre relaciones laborales o interés en la normativa laboral vigente en el Perú.

Preguntas y Respuestas frecuentes

Se reguló la desconexión digital y se exigió control de horarios y condiciones adecuadas de trabajo remoto.

Se obligó a las empresas a presentar y actualizar políticas de igualdad salarial y planes de equidad de género.

Aumentó la fiscalización laboral y aplicó sanciones a empresas que incumplieron normas laborales básicas.

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