Con el paso del tiempo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) introdujo modificaciones en sus procesos de inspección y cumplimiento normativo, exigiendo a las empresas peruanas mayor documentación y adaptación a regulaciones laborales. La fiscalización se enfocó en asegurar que los empleadores cumplieran con la normativa vigente, especialmente en temas de derechos de los trabajadores, seguridad ocupacional y prevención del hostigamiento laboral.
Muchas compañías se enfrentaron a inspecciones más rigurosas, donde debieron presentar información detallada sobre contratos, pagos de beneficios laborales y medidas de prevención de riesgos. Aquellas que no cumplieron con los nuevos requisitos recibieron sanciones económicas o ajustes administrativos para corregir deficiencias.
Para evitar problemas, las empresas que comprendieron los cambios adoptaron estrategias como auditorías internas y capacitaciones, asegurando que todos los procedimientos laborales fueran ejecutados conforme a la ley. Quienes se anticiparon a las fiscalizaciones lograron mantener un entorno de trabajo seguro y cumplir con las exigencias regulatorias sin inconvenientes.