La SUNAT tuvo acceso a información bancaria con el objetivo de fiscalizar movimientos financieros y garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias. A través de convenios con entidades financieras, obtuvo datos sobre depósitos, transferencias y saldos de cuentas de personas y empresas. Esta medida permitió identificar irregularidades, como ingresos no declarados o movimientos que no coincidían con las declaraciones fiscales. Las empresas y contribuyentes que fueron objeto de revisión tuvieron que justificar la procedencia de sus fondos y corregir inconsistencias en sus reportes. Muchos contribuyentes ajustaron sus registros contables y adoptaron estrategias más transparentes para evitar sanciones. Los asesores tributarios jugaron un papel clave al guiar a las empresas en el cumplimiento de la normativa y en la preparación de documentación respaldatoria. Con el paso del tiempo, estas fiscalizaciones promovieron una mayor formalización en la economía, obligando a los contribuyentes a mantener controles más rigurosos sobre sus finanzas. La SUNAT reforzó sus métodos de auditoría y mejoró su capacidad de detección de fraudes, fortaleciendo la cultura de cumplimiento tributario en el país.