En el transcurso de las últimas intervenciones inspectivas, diversos empleadores se encontraron con requerimientos que no figuraban en fiscalizaciones pasadas. La autoridad laboral enfocó su atención en aspectos menos visibles hasta ese momento, como la trazabilidad de las jornadas atípicas, la entrega digital de boletas electrónicas y la evidencia concreta de capacitaciones obligatorias.
Los equipos inspectores, además de verificar lo usual —planillas, contratos y registros de asistencia—, comenzaron a solicitar formatos de inducción, reportes sobre entrega de EPP con firma digitalizada y archivos que respaldaran vínculos con practicantes o locadores. Para algunos negocios, esto significó revisar por completo su archivo y adaptar procedimientos internos con urgencia.
Un caso ejemplar fue el de una empresa del sector retail en Huacho que, pese a tener todo en regla en apariencia, no contaba con constancias de entrega de sus boletas electrónicas. SUNAFIL no cuestionó los pagos, pero sí exigió evidencia de su entrega al trabajador. Lo que antes era implícito, ahora requería prueba tangible.
También se observó un uso más activo de herramientas digitales para cruzar información entre T-Registro, SUNAT y Essalud, lo que permitió detectar omisiones sin necesidad de visitas presenciales.
Este giro en las fiscalizaciones dejó claro que la formalidad no basta: la trazabilidad documental y la organización digital pasaron a ser elementos centrales en la defensa del empleador. Muchas empresas que inicialmente se sintieron sorprendidas, asumieron el cambio como una oportunidad para fortalecer su estructura interna y reducir riesgos a futuro.