En el contexto fiscal peruano, el incremento patrimonial no justificado representó una situación en la que un contribuyente exhibió un aumento en su riqueza sin contar con un sustento legítimo o verificable. La SUNAT, como entidad reguladora, identificó estos casos mediante la comparación de ingresos declarados y bienes adquiridos. Cuando existieron discrepancias, el contribuyente enfrentó una serie de medidas, incluyendo la presunción de renta omitida y la obligación de pagar los impuestos correspondientes.
Las autoridades utilizaron diversas herramientas para detectar este tipo de irregularidades, tales como el cruce de información con entidades financieras y la revisión de movimientos bancarios. Los contribuyentes que no lograron justificar adecuadamente el origen de sus activos fueron sometidos a fiscalización y, en algunos casos, sanciones severas que incluyeron multas y ajustes tributarios.
Este tipo de incremento patrimonial afectó directamente la transparencia en la declaración de impuestos y la correcta recaudación fiscal. Por ello, fue fundamental que las personas y empresas mantuvieran un registro detallado de sus ingresos y egresos, evitando discrepancias con la información declarada. La normativa peruana estableció mecanismos de defensa para quienes pudieran demostrar la licitud de su crecimiento económico, pero también sancionó a quienes incurrieron en irregularidades.