La SUNAT fortaleció su fiscalización sobre el incremento patrimonial no justificado, identificando discrepancias entre los bienes adquiridos por los contribuyentes y los ingresos declarados en sus registros fiscales. Este proceso buscó evitar evasión de impuestos y garantizar la transparencia en la gestión patrimonial.
Cuando un contribuyente mostró activos o bienes que excedían sus ingresos reportados, la SUNAT solicitó documentación para justificar el origen de esos recursos. Aquellos que contaban con pruebas adecuadas lograron demostrar la legalidad de su patrimonio sin inconvenientes. Sin embargo, quienes no presentaron sustento suficiente enfrentaron ajustes tributarios y sanciones económicas.
En algunos casos, el desconocimiento de las normativas llevó a disputas fiscales prolongadas. Las empresas y personas naturales que comprendieron la importancia de una gestión patrimonial organizada tomaron medidas preventivas, manteniendo registros claros de ingresos y gastos para evitar observaciones por parte de la administración tributaria.