Durante el estado de emergencia en Perú, la administración tributaria ajustó sus procedimientos, otorgando facultades discrecionales para la gestión de libros electrónicos. La SUNAT implementó medidas excepcionales para flexibilizar la fiscalización y permitir a los contribuyentes adaptarse a las dificultades operativas ocasionadas por la crisis. Las empresas y profesionales que dependían de la contabilidad digital enfrentaron retos en la gestión de sus registros fiscales debido a interrupciones económicas y dificultades en la implementación tecnológica. Para mitigar estos efectos, la autoridad tributaria optó por relajar temporalmente ciertos requisitos, priorizando la estabilidad financiera de los negocios. Históricamente, la digitalización de la contabilidad se consideró una estrategia para mejorar la supervisión fiscal y garantizar la transparencia en operaciones comerciales. Sin embargo, en momentos críticos, la SUNAT evaluó la aplicabilidad de sanciones y la exigencia estricta de cumplimientos tributarios, permitiendo mayor margen de adaptación. El impacto de estas disposiciones se reflejó en una menor presión tributaria durante la emergencia, evitando sanciones automáticas y facilitando la recuperación económica de múltiples sectores afectados. Con el tiempo, las empresas optimizaron sus sistemas digitales, consolidando la facturación electrónica como un pilar fundamental para la gestión tributaria post-crisis.