Las personas se preocupaban por deudas que, sin saberlo, ya estaban prescritas. La prescripción de una deuda ocurría cuando, después de un período determinado por la ley y sin acciones del acreedor para reclamarla, el derecho a cobrarla se extinguía. En Perú, la legislación establecía distintos plazos de prescripción según el tipo de deuda, siendo común el plazo de 10 años para obligaciones civiles y 5 años para deudas comerciales.
Quienes ignoraban esta norma solían experimentar incertidumbre ante amenazas de cobranza o reportes en centrales de riesgo, sin saber que legalmente ya no estaban obligados a pagar. Sin embargo, muchos acreedores intentaban obtener pagos incluso después de la prescripción, lo que llevaba a situaciones de abuso o desinformación. Para protegerse, las personas buscaban asesoría legal o revisaban el Código Civil para verificar los plazos aplicables.
En casos en los que se registraban pagos voluntarios tras la prescripción, los consumidores perdían la posibilidad de alegar la extinción de la deuda, ya que el acto de pago implicaba su reconocimiento. Por ello, conocer los derechos y mecanismos legales disponibles fue clave para evitar pagos innecesarios o negociaciones injustas.