En distintas circunstancias, SUNAT activó procesos coactivos para exigir el pago de tributos adeudados, afectando tanto a empresas como a personas naturales. Cuando un contribuyente no cumplió con sus obligaciones dentro del plazo estipulado, la entidad fiscalizadora inició acciones para recuperar el monto pendiente, lo que incluyó sanciones y posibles embargos de bienes.
Ante esta situación, muchos afectados recurrieron a mecanismos legales para frenar el procedimiento. La presentación de recursos administrativos permitió impugnar cobros irregulares, mientras que quienes demostraron dificultades económicas gestionaron fraccionamientos de deuda para evitar consecuencias más severas.
Las empresas con una contabilidad estructurada y el respaldo de asesoría tributaria lograron manejar estas fiscalizaciones sin mayores complicaciones. En cambio, aquellos que desconocieron el procedimiento enfrentaron restricciones bancarias y problemas financieros que afectaron la continuidad de sus actividades.